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BOLETÍN DE PRENSA 7 DE JULIO DE 2011
EL TIEMPO
CONGRESO PIDE REFORMA URGENTE DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ
Esto, para evitar "la excarcelación por vencimiento de términos de unos 1.300 desmovilizados".
El llamado de urgencia para modificar el marco jurídico bajo el cual entregaron las armas los paramilitares fue hecha por las comisiones de paz del Congreso.
Roy Barreras, presidente de la Comisión de Paz del Senado, explicó que como la pena mínima por Justicia y Paz es de 5 años, cerca de 1.300 postulados que están en versión libre desde el 2005 y que "no van a alcanzar la etapa de imputación de cargos" podrían "salir a la calle" antes de que finalice el 2011. Hoy solo hay un poco más de 400 en imputación de cargos, y cuatro condenados.
"Las versiones libres pueden tardar tres años más y para ese momento se habrán vencido los términos", agregó Barreras.
La alerta fue compartida por el vocero de la Comisión de Paz de la Cámara, Iván Cepeda, quien sostuvo que la ley necesita reformas para impedir que "la impunidad" se siembre sobre el proceso de paz con los 'paras'.
"La Ley tiene fallas estructurales y su sistema carece de los recursos judiciales para garantizar que quienes se han postulado puedan rápidamente aportar los elementos de verdad y reparación", anotó Cepeda.
El debate que se abrió ayer en el Congreso llegó hasta el Gobierno. Miguel Samper, director de Justicia Transicional del Ministerio del Interior, dijo que no existe posibilidad de que, por vencimiento de términos, los desmovilizados queden en libertad.
En todo caso, la polémica quedó abierta en el Congreso, y según Barreras, la norma debe modificarse también para a promover nuevas desmovilizaciones.
LIBRES QUEDARÍAN 1.300 DESMOVILIZADOS SI NO SE REFORMA JUSTICIA Y PAZ
De las 1.000 órdenes de captura expedidas contra desmovilizados, solo 24 están en pie.
Así lo alertaron este miércoles las comisiones de Paz de Cámara y Senado.
Las comisiones de Paz del Congreso lanzaron una alerta al Gobierno y a la Fiscalía, porque el vencimiento de términos en los procesos de Justicia y Paz dejaría libres a "miles de desmovilizados" en los próximos meses, sin purgar ninguna condena y sin cumplir con los preceptos de verdad y reparación.
Por lo menos así lo advirtió el presidente de la Comisión de Paz del Senado, Roy Barreras, quien afirmó que es urgente que se dé una reforma a la Ley de Justicia y Paz para evitar que salgan a las calles "miles de victimarios que no han dicho toda la verdad porque se les van a vencer los términos".
Barreras explicó que la mínima condena en Justicia y Paz es de 6 años, lo cual llevaría a dejar libres a por lo menos 1.300 postulados que están en versión libre desde 2005 y que "no alcanzarán a la etapa de imputación" antes de que finalice 2011, lo cual puede llevar a que sus abogados pidan la libertad precisamente por vencimiento de términos.
"De los postulados a la Ley de Justicia y Paz, solo hay un poco más de 400 que ya están en imputación y solamente hay cuatro condenados. Las versiones libres pueden tardarse tres años más y, para ese entonces, ya se vencieron todos los términos. Hoy, si no se reforma la Ley de Justicia y Paz, saldrán a la calle todos, con excepción de esos cuatro, sin sentencia y sin haber dicho toda la verdad", agregó el Senador.
Esta tesis la respaldo el vocero de la Comisión de Paz de la Cámara, el representante Iván Cepeda, quien advirtió que la libertad por vencimiento de términos de varios desmovilizados postulados a Justicia y paz es prácticamente inminente.
Cepeda afirmó que "el tiempo transcurre y los procedimientos judiciales son supremamente lentos, hay un represamiento de muchas versiones. La extradición de los principales jefes paramilitares significó un golpe mortal a todos los procesos de justicia y verdad que se venían dando".
Esta alerta ya generó controversia en diferentes sectores políticos y gubernamentales. Por ejemplo, el director de Justicia Transicional del Ministerio del Interior, Miguel Samper, aseguró que se debe revisar el tema pero que no ve viable que queden en libertad los postulados de Justicia y Paz por vencimientos de términos.
"Primero habría que esperar una condena y, segundo, no prescribe el término de la acción penal en esos 5 años porque los delitos (que se les imputan) tienen una pena que no es la alternativa y que sí es bastante superior", precisó Samper.
Armando Benedetti, presidente del senado y ponente de la Ley de Justicia y Paz en el Congreso, aseguró que "no creo que se tenga que reformar Justicia y Paz para que no salgan los postulados, pero sí habría que estudiar los alcances del vencimiento de términos".
GOBIERNO LES PIDE A MANDATARIOS LOCALES CUMPLIR LA LEY DE GARANTÍAS
Ministerio del Interior emitió una circular recordando la prohibición de contratar obras públicas.
El Gobierno le remitió una circular a todos los gobernadores y alcaldes, así como a los miembros de sus despachos, recordándoles que desde el pasado 30 de junio están vigentes las prohibiciones establecidas en la ley de garantías, con la que se pretende evitar que dineros públicos se desvíen hacia campañas políticas de cara a las elecciones regionales de octubre.
La circular la firma el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, quien indicó que los mandatarios regionales tiene prohibido, hasta el 30 de octubre, realizar convenios interadministrativos, inaugurar obras o hacer eventos que puedan interpretarse como actos proselitistas a favor de determinados candidatos.
Los mandatarios departamentales y locales, por cuenta de la ley de garantías, no podrán autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas o para facilitar alojamiento o transporte de electores de candidatos a cargos de elección popular.
Sin embargo, la circular del Gobierno reitera que las obras de reconstrucción y mitigación de los estragos del invierno sí se podrán contratar, pero bajo estrictos controles para evitar que esos recursos se desvíen hacia campañas políticas.
RESPONSABLES DE LA SALUD RINDEN CUENTAS HOY ANTE CORTE CONSTITUCIONAL
Ayer, varios ciudadanos protagonizaron una manifestación ante la Corte Constitucional.
Gobierno presentará cifras que considera positivas. Organismos de control no son tan optimistas.
El 31 de julio del 2008, la Corte Constitucional profirió la sentencia T-760, que resolvió 22 acciones de tutela de ciudadanos que pedían la protección del derecho a la salud.
El fallo es considerado un hito en la materia, pues consagró la salud como un derecho fundamental y estableció que, para su cumplimiento, era necesario establecer un "núcleo esencial", que debe garantizarse a todas las personas.
Dicha sentencia, conocida como la "supertutela en salud", definió tareas específicas para el desarrollo de lo estipulado en ese momento, sus responsables y los cronogramas para su cumplimiento.
Hoy estos responsables "pasarán al tablero" y los grupos de seguimiento, señalados por la misma Corte, presentarán sus informes.
Algunas tareas establecidas por la 'supertutela'
Equidad en planes de beneficios: la Corte pidió actualizar y adecuar periódicamente los planes de beneficios de los regímenes subsidiado y contributivo, para que respondan a las necesidades de salud de la población. Exigió tomar medidas para eliminar la incertidumbre sobre sus contenidos y la unificación prioritaria de estos planes para los niños, amparados por ambos regímenes.
No más negaciones: la Corte proporcionó herramientas, como la definición de los comités técnico-científicos de las EPS, para garantizar que a la gente se les autoricen los servicios que necesita; además exigió la puesta en marcha de medidas para evitar rechazos y demoras en los mismos (de este modo se buscaba reducir el número de tutelas en salud interpuestas por ciudadanos).
Recursos: la sentencia pidió que se dispusiera de recursos suficientes para garantizar la financiación sostenible del sistema de salud y que se optimizara y agilizara el flujo de dineros a través del mismo.
Medición por indicadores: la sentencia fue muy clara en establecer que la gestión del sistema se hiciera a partir de indicadores de salud (no sólo financieros).
Plazos fijados por la sentencia
31 de octubre del 2008: la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de la Protección Social (MPS) debían presentar, a más tardar en esa fecha, un informe completo sobre los servicios que niegan las EPS.
15 de noviembre del 2008: para esta fecha ya deberían estar eliminados los obstáculos para los recobros ante el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga); además, el Ministerio debió presentar un plan para el pago de recobros atrasados.
Primero de febrero del 2009: la Comisión de Regulación en Salud (CRES) debía presentar, a más tardar para esta fecha, la actualización integral del POS, además de un plan para la unificación del mismo. Para el 15 de marzo de ese año esa tarea ya debería registrar avances.
30 de junio del 2009: debía existir un sistema que controlara y vigilara, rigurosamente, los recobros al Fosyga.
Primero de julio del 2009: toda persona debería recibir, al momento de su afiliación a una EPS, una carta de desempeño de la entidad.
Primero de julio del 2009: ya deberían estar unificados los planes de beneficios (POS) del contributivo y subsidiado para los niños.
Enero del 2010: el Ministerio debía presentar un informe sobre la universalización sostenible de los servicios de salud de los colombianos. En febrero de ese mismo año la CRES debió mostrar los avances en la actualización del POS.
'Todos los actores han incumplido': Procuraduría
En el documento que presentará hoy, el procurador Alejandro Ordóñez manifiesta que no hay políticas públicas en salud que materialicen el derecho fundamental consagrado por la Corte.
Manifiesta que las reformas se reducen a "los aspectos superficiales y no se ha revisado el modelo a fondo". Eso se refleja, según la Procuraduría, en mala calidad, negación de servicios, traslado de cargas burocráticas a los usuarios y desconocimiento de los conceptos médicos por razones económicas.
"Falta voluntad política y liderazgo para revisar y generar un nuevo modelo de salud", afirma el Procurador, quien concluye que "todos los actores del sistema han incumplido las órdenes de la Corte".
'Se siguen negando servicios': Defensoría del Pueblo
En el informe que el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, presentará hoy, deja sentado que las órdenes de la Corte se han cumplido parcialmente, y menciona, entre otras, la actualización del POS y la abolición de las zonas grises.
Frente a la unificación del POS para los niños, considera que tanto el Ministerio como los órganos de vigilancia y control, no han puesto en marcha medidas suficientes para garantizar esta solicitud constitucional.
Sostiene que además de las persistentes fallas en mecanismos de vigilancia y control, "hay cultura de no pago entre algunos actores, lo que entorpece el flujo de los recursos".
'Cumplimiento parcial': Así vamos en salud
Este proyecto, del que hacen parte las fundaciones Santa Fe, Corona, Restrepo Barco, Saldarriaga Concha, Éxito, las universidades de Antioquia, del Rosario e Icesi, y Casa Editorial EL TIEMPO, considera que las órdenes de la Corte se han acatado parcialmente en aspectos como la actualización integral del POS; aunque se dio la unificación de los POS subsidiado y contributivo para niños, es imposible establecer la calidad de los servicios que se les prestan (hay evidencia de que se siguen negando).
El proyecto recomienda explicitar qué tipo de modelo de salud se necesita, imponer reglas claras a los actores, actualizar cuanto antes el POS -con base en las necesidades de la gente- y fortalecer los sistemas de vigilancia e información.
'Construir un nuevo sistema': Viva la Ciudadanía
Esta corporación, que reúne a varias organizaciones de la sociedad civil, asegura que los planes de beneficios se han actualizado a medias, que persisten las zonas grises, que se carece de una metodología adecuada para calcular la UPC (dinero que reciben las EPS por la atención de cada afiliado, al año) y no hay representatividad de la ciudadanía en la toma de decisiones.
Considera, además, que las reglas del sistema generan estímulos perversos, que los sistemas de información "siguen a las facturas y no a las personas", que se mantiene la inequidad estructural y que la intermediación actual no agrega sino que sustrae valor.
Plantean que es necesario construir un nuevo sistema de salud, que garantice realmente el derecho fundamental, a partir del camino recorrido.
'Aunque tímidos, ha habido avances': Las EPS
Sostienen que aunque ha habido avances en la actualización del POS, han sido tímidos e insuficientes, lo que propició una explosión de los servicios no contenidos en él (insisten en que éstos son responsabilidad del Estado). Consideran que el POS aún presenta vacíos.
Afirman que el sistema de salud sí ha tenido progresos, pero que es necesario simplificar sus procesos, para que haya transparencia. Sugieren que, con urgencia, se actualice el POS, se defina la forma de administrar lo no POS (al que califican como un problema grave), agilizar el flujo de recursos, fortalecer los sistemas de vigilancia y unificar la información.
'El sistema tendrá avances favorables este año': Minprotección
Mauricio Santa María, ministro de la Protección Social, presentará cifras que, a su juicio, indican que el sistema de salud sí va por buen camino. Además de que hoy el 96 por ciento de los colombianos tiene cobertura en salud, el Ministro sostiene que frente a las órdenes fijadas en la T-760 se estableció un plan agresivo para enfrentar los problemas que encontró este Gobierno.
Y afirma que a fines de este año el 60 por ciento de la población tendrá unificado y actualizado el plan de beneficios, los sistemas de información y vigilancia estarán fortalecidos, habrá giro directo de dineros a los hospitales, una política para controlar los precios de los medicamentos, un esquema de evaluación del sistema con base en indicadores de salud, un plan de choque para mejorar la liquidez del sistema y habrá un ahorro de 750 mil millones de pesos, gracias al control de los recobros, entre otras medidas. "La rectoría del sistema de salud estará en cabeza de un Ministerio concentrado en salud y protección social", dijo Santa María.
Las cifras del sistema de salud
El sistema de salud maneja cada año: 19 billones de pesos
Cobertura: hoy el 96 por ciento de los colombianos están afiliados al sistema de salud. De ese total, y sin contar regímenes especiales, 18,9 millones de colombianos están en el régimen contributivo y 23,2 millones en el subsidiado.
Recobros: entre el 2007 y el 2010 los recobros al Fosyga, por servicios no POS, pasaron de 300 mil millones de pesos a 2,4 billones de pesos.
Tutelas: de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre 1999 y el 2009 los ciudadanos interpusieron 775.102 acciones de tutela, para reclamar servicios de salud.
Satisfacción de los usuarios: según un estudio de la Defensoría del Pueblo (2009), el índice de satisfacción de los usuarios llega apenas al 66 por ciento en el contributivo y al 66,3 por ciento en el subsidiado.
Tiempo promedio de atención en urgencias: 77 minutos, muy superior a lo establecido por la Supersalud en la circular 056 del 2009, que es de 30 minutos.
EDITORIAL: UNA REFORMA IMPOSTERGABLE
Ojalá esté a tiempo para enfrentar la siguiente temporada de lluvias.
Hace unos días, la Unidad Investigativa de este diario reveló que la Contraloría General de la República está analizando irregularidades en la contratación de la restauración ambiental del Canal del Dique. El ente de control tiene la mira puesta en Cormagdalena -la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena-, a cargo de garantizar la navegabilidad del principal afluente del país.
Los investigadores han encontrado indicios de la pérdida de unos 5.000 millones de pesos. El grueso contrato, de 201.000 millones de pesos, fue adjudicado en enero del 2010 y liquidado en abril pasado debido a graves inconsistencias técnicas y obsolescencia de los estudios. De hecho, desde 1997, esta CAR ha encargado otros para resolver, infructuosamente, la problemática del canal.
Aunque el director saliente de la institución ambiental caribeña rechaza las acusaciones y afirma que los diseños necesitaban complementarse, esta situación es solo un pequeño síntoma de las masivas y sistémicas dolencias que aquejan al conjunto de las corporaciones autónomas. Las irregularidades que los contralores están encontrando constituyen una grieta más dentro de una corroída arquitectura institucional en mora de reformarse.
La severa emergencia invernal ue ha golpeado al país desnudó las falencias administrativas, los vacíos misionales, la captura política y las incompetencias técnicas de buena parte de las 26 CAR y las 7 de desarrollo sostenible. La intensidad de las torrenciales lluvias desbordó con fiereza no solo ríos y quebradas, sino las disminuidas capacidades de reacción de estos entes.
Como responsables, entre otras esferas, de la protección del recurso hídrico -las rondas y las fuentes de agua-, el fracaso de las corporaciones regionales frente al desafío invernal es rotundo e inocultable. Que Cormagdalena lleve 14 años estudiando qué hacer para restaurar los ecosistemas del dique y que la ruptura de este haya desatado los estragos que se presentaron en el sur del Atlántico son un doble recordatorio de la necesidad de la reforma.
Pero no hay que llamarse a engaños. Si bien los ojos están puestos en esta zona de la Costa Caribe, las crisis abundan por todo el territorio nacional. Por ejemplo, las inundaciones en la propia capital de la república y en los municipios de la Sabana han dado lugar a fuertes críticas a la gestión de la CAR de Cundinamarca. Denuncias de infiltración paramilitar, a las que se suman acusaciones de clientelismo de gobernadores, así como la promoción de intereses particulares por representantes del sector privado, terminan por pintar un escenario preocupante.
Así lo entendió el Gobierno al incluir la reforma de las CAR en los decretos expedidos bajo la segunda emergencia. Desafortunadamente, al caerse esta declaratoria por decisión de la Corte Constitucional, se hundió también ese paquete de cambios.
A pesar del tropiezo jurídico, la Casa de Nariño no debe dar su brazo a torcer en esta materia. La congestión legislativa generada por la caída de la emergencia se ha aliviado gracias a la aprobación de la agenda parlamentaria del Ejecutivo. A finales de abril, el Ministerio del Interior anunció que presentará, en el segundo semestre, un proyecto en sintonía con los lineamientos del fallido decreto.
Esta iniciativa, junto con la creación de un remozado Ministerio de Ambiente, configura para esta administración la oportunidad de rediseñar la política ambiental, fortalecer la estructura institucional del sector y limpiarlo de prácticas corruptas y clientelismo. Ojalá esté a tiempo para enfrentar la siguiente temporada de lluvias.
PAÍS DE DOCTORES
Jorge Orlando Melo
En este país muchos creen que los únicos que valen son los doctores, y que los demás son unos pobres diablos.
Hoy el sueño de todo grupo de interés es que su tema se defina como un derecho, ojalá fundamental.
La Constitución de 1991 fue un milagro social y político. Convocada por procedimientos discutibles en un momento de crisis social y política, logró los más imprevistos y sorprendentes acuerdos. Quizás nada exprese mejor el pacto de paz que representó que la firma conjunta de su texto por el secuestrado y el secuestrador. En el ambiente de tensa y creativa euforia de sus reuniones, se creó un orden constitucional que, al tomar en serio los derechos de los ciudadanos y de los grupos indígenas y negros, abría el camino para formar un país con oportunidades para todos.
Al tener una inesperada participación de sectores independientes, de intelectuales o de grupos minoritarios de los partidos tradicionales, expresó los ideales de una democracia que acabara con el monopolio bipartidista heredado del Frente Nacional, superara las limitaciones del clientelismo, la corrupción y el fraude y permitiera que los sueños sociales se convirtieran en políticas estatales sin la mediación perturbadora de la política real. Un Senado más representativo, el equilibrio real de los poderes, los mecanismos de democracia participativa (la revocatoria del mandato, plebiscitos, referendos e iniciativas populares) nos acercarían a una política transparente y moderna. Y como complemento esencial para superar un pasado en el que los premios iban a los poderosos y los castigos a los de ruana, se dio a la justicia el poder de proteger, mediante mecanismos sencillos y abiertos a todos, como la tutela, los derechos fundamentales de los individuos. De este modo, el funcionamiento del Estado quedaba sujeto a un control que verificaba su inmediata relación con los fines que la sociedad señalaba.
Las reglas originales ofrecían un balance razonable entre política y justicia, pero la práctica desbordó las previsiones. El sistema de partidos y de representación fue recapturado sin demora por los viejos poderes clientelistas, aliados en muchos sitios con nuevas fuerzas de orígenes ilegales. La participación política no se amplió, la abstención electoral se mantuvo y se intensificó la percepción de que el sistema funciona para beneficio de los elegidos y sus clientelas y de que no responde a las necesidades básicas de la población.
Frente a esta sensación de bloqueo político, las cortes asumieron el desarrollo de los objetivos sociales de la Carta. La forma de satisfacer los deseos y necesidades sociales fue ampliar, por vía de interpretación, los derechos fundamentales, de modo que se podían defender con la tutela y su desarrollo se guiaba por decisiones judiciales. La eficacia de este mecanismo, sobre todo en salud y medio ambiente, es indiscutible. Pero, al separar la decisión de su financiación, además de los riesgos fiscales que ahora se tratan de corregir, se corre el riesgo de que la atención de derechos costosos dañe a la larga la atención de necesidades básicas pero menos dramáticas.
Y lo que es más grave es el efecto sobre la lógica democrática: la política se vuelve cada vez más judicial. Hoy el sueño de cualquier grupo de interés es que su tema se defina como un derecho, ojalá fundamental. Ya hay propuestas para definir el derecho al deporte, la recreación, la lectura, el derecho de los niños al amor o al juego, o para considerar fundamentales el derecho al equilibrio fiscal, la educación física, el agua o al aire puro.
Y en estos días se ha propuesto convertir, por ley, la educación superior en un derecho fundamental. Esto no es difícil. Declarar que la educación superior es un derecho fundamental equivale a afirmar que sin ella un ser humano no puede desarrollarse bien, que para ser una persona de verdad hay que ser doctor, como casi todos los congresistas. Y en este país muchos creen que los únicos que valen son los doctores, y que los demás son unos pobres diablos.
EL ESPECTADOR
EN DEFENSA DE LA LEY 100
ACEMI APUESTA POR MANTENER ACTUAL SISTEMA DE SALUD
Nelcy Paredes Cubillos, vocera de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, defendió ante la Corte Constitucional la vigencia del sistema de salud planteado por la Ley 100 de 1993.
Indicó que, si bien hay múltiples problemas que impiden entregar una adecuada atención a los pacientes no se puede desechar lo que ya ha sido construido, pues a su juicio la estructura sí es funcional.
Aseguró que uno de los principales problemas es la disparidad que se genera en el manejo de las bases de datos de las diferentes entidades responsables de la aplicación del sistema.
Para Paredes Cubillos, es deficiente la sincronización de tales bases de datos, por cuanto hay que trabajar más acertada y dedicadamente en ese sentido y analizar con mayor cuidado la oferta de servicios de salud, a fin de constituirla lo mejor posible.
Su planteamiento riñe con la postura de detractores de la normatividad, como el senador Jorge Enrique Robledo, para quien la Ley 100 impuso alternativas y transformaciones que, como la aparición de las Empresas Promotoras de Salud, EPS, han sido el cáncer del sistema, toda vez que con su aparato de funcionamiento han ido desangrando la salud.
Según dice, es necesario eliminar las EPS y diseñar un nuevo aparato de administración en el suministro de estos servicios, ya que para él el cobro que en esta materia aplican estas empresas termina captando el grueso de los recursos, y de ahí el déficit presupuestal.
EL DESASTRE EN EL SECTOR SALUD
Senador Robledo propone eliminar las EPS
Dice que son los cobros de administración que efectúan estas entidades la principal fuente del desangre a la salud.
Que se eliminen definitivamente las Empresas Promotoras de Salud, EPS, del sistema de seguridad social, propuso el senador Jorge Enrique Robledo, en el marco de la rendición de cuentas convocada por la Corte Constitucional, que ordenó a la institucionalidad propiciar una transformación del sector.
Para el dirigente del Polo Democrático Alternativo, los cobros de administración por la prestación de servicios de salud, “una especie de peaje” por el suministro, es la fuente principal del millonario desangre del sector.
Indicó que hay que promover una reforma estructural realmente trascendental que corrija los errores de la Ley 100, en la que se autorizó la creación de este tipo de entidades de carácter privado. Sin embargo, indicó que no se puede excluir el capital de particulares, pues una financiación exclusiva de dineros del Estado es una carga demasiado grande para la institucionalidad, que terminaría generando la misma precariedad en la atención.
Robledo aclaró que sí es necesario contar con entidades privadas, pero únicamente de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS, que a través de redes de hospitales, clínicas laboratorios aliviarían las cargas de responsabilidad.
Su pronunciamiento se dio en el marco de la primera audiencia de seguimiento a la sentencia T-760 de 2008, a través de la cual la Corte Constitucional trazó una serie de responsabilidades a entidades gubernamentales y organismos de control, en el propósito de consolidar un sistema de atención en salud que verdaderamente responda a la satisfacción de los derechos fundamentales y necesidades básicas de la ciudadanía.
LOS OTROS DEFRAUDADORES DEL SISTEMA
Las IPS también falseaban tutelas en fraude a la salud
La Fiscalía ya tiene a su haber varias providencias falsificadas en las que se ordenaba el pago de recobros por procedimientos y medicinas que nunca se suministraron.
Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS, también disponían de falsos fallos de tutela para hacerse al cobro irregular de dineros del sector salud, según lo revelan las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación, en este sentido.
El ente de control penal ya estudia varias providencias ilegítimas, a través de las cuales estas entidades efectuaban recobros de suministro de medicinas y procedimientos al Fondo de Seguriodad y Garantías, Fosyga.
Esta última plataforma, según la normatividad vigente, se encarga del financiamiento de los procedimientos y medicamentos que no hacen parte del Plan Obligatorio de Salud, POS; de allí el número cada vez más creciente de demandas y tutelas contra las entidades y la preferencia de algunos funcionarios y organismos por enfrentar estos procesos, pues de así se inscribía la modalidad predilecta de fraude.
Inspecciones judiciales adelantadas por la Sijín de la Policía y la misma Fiscalía pusieron en evidencia cómo funcionarios administrativos de hospitales, clínicas y otras entidades al servicio de la salud utilizaban información de los pacientes, en algunos casos, inmersos en procesos ya existentes, que culminaban con fallos notificados antes de que el juez redactara la decisión.
MÁS DE $2 MIL MILLONES SERÁN DESTINADOS A LA SALUD EN LAS CÁRCELES
El Inpec solicitó además al ministerio de Hacienda un presupuesto de $300 mil millones para equipos médicos.
Para mejorar las áreas de sanidad de las cárceles de primera y segunda generación, el Inpec tiene programado invertir la suma $2.011.114.615.
De igual manera, se hizo la solicitud al Ministerio de Hacienda por valor a $300.000.000 para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario biomédico en los penales en donde hace presencia Caprecom.
Dentro de los objetivos de los contratos que se encuentran vigentes, Caprecom está obligada a prestar los servicios médicos contemplados dentro del POS (Plan Obligatorio de Salud) de baja complejidad a toda la población reclusa.
Para los servicios no POS y la atención integral a pacientes mentales el Instituto paga una prima mensual a la aseguradora aurora, por valor de $1.442.795.455 mensuales, la cual garantiza la prestación de servicios especializados y de alto costo para los internos.
Según el Inpec, en los casi dos años que lleva la EPS Caprecom prestado el servicio de salud en las cárceles colombianas, se han presentado un significativo número de quejas, entre las que se encuentran: falta de personal médico, demoras en la entrega de medicamentos, falta de cobertura, ausencia de programas de prevención y promoción, entre otras.
Sin embargo, dicha EPS se comprometió con el Inpec a subsanar los inconvenientes, garantizar una red de atención a nivel nacional, aumentar la frecuencia de las brigadas de salud, mayor accesibilidad y mejor servicio para los internos.
Se espera que a partir de este mes, las peticiones, quejas y reclamos de la población reclusa por falencias en la prestación del servicio de salud disminuyan y se les pueda garantizar a los internos, una efectiva y óptima calidad en la atención médica.
Según el Ministro de Protección Social, Mauricio Santa María, queda descartada por ahora la intervención a la EPS Caprecom y manifestó la voluntad de fortalecerla.
Igualmente instó a los funcionarios responsables de la EPS para que optimicen el servicio que prestan "es importante que la administración de Caprecom sea lo más eficiente y transparente posible, que brinde buenos resultados y es en lo que nos vamos a comprometer" aseguró el jefe de la cartera de salud.
DESPLAZADOS EN BOGOTÁ
DISTRITO ENTREGÓ $480 MILLONES A 100 FAMILIAS DESPLAZADAS
Los recursos serán destinados para la creación de microempresas.
Más de 100 familias en condición de desplazamiento de la localidad de Usme fueron beneficiadas con la entrega de capital semilla por parte del Instituto para la Economía Social (IPES) y la Alcaldía Local.
Los recursos buscan fortalecer sus unidades productivas y facilitar su inclusión socio-económica.
Máquinas de coser, telas, cueros, fileteadoras, herramientas, insumos para elaborar artesanías y alimentos, entre otros productos, fueron entregados para apoyar a las familias desplazadas en la consolidación de sus Mipymes.
Más de 480 millones de pesos invirtió el IPES, en convenio con la Alcaldía Local de Usme y la Corporación Convivencia, con el fin de fortalecer comercialmente a 90 unidades productivas, 10 iniciativas de negocio, 2 unidades comunitarias y 2 mipymes; mediante la entrega de suministros que les permitirá ser más competitivas.
Cada familia beneficiada recibió $1.300.000 en suministros para crear o fortalecer su microempresa, y 8 millones de pesos para los proyectos comunitarios desarrollados por varias familias.
“Tengo una máquina de coser con la que trabajo en mi casa arreglándole la ropa a mis vecinos; gracias al capital semilla ahora tengo una fileteadora, hilos, botones y telas para fabricar sudaderas y sacos para pagar el arriendo y ganar más platica”, asegura Ninfa Larrotta, desplazada de Chamiza, Casanare.
Estas personas además recibieron capacitación en fortalecimiento empresarial, ambiental, manipulación de alimentos, servicio al cliente, contabilidad y asistencia técnica en diseño, mercadeo e imagen corporativa.
Con este convenio en los próximos meses 100 jóvenes y 50 abuelos mayores de 60 años recibirán formación en tecnología celular, arreglo de uñas y turismo, entre otras actividades económicas.
LA MONUMENTAL LABOR DE LA RESTITUCIÓN
No ha tomado lugar la primera restitución por la recién aprobada Ley de Tierras, pero las dificultades desde ya se amontonan.
La priorización del revolucionario proyecto en la agenda del Gobierno, si bien ha ofrecido el apoyo político requerido, también ha revuelto las expectativas. Y aunque las denuncias de los medios se han dirigido, en buena parte, a los difíciles intereses de algunos empresarios —que los hay— y a los abusos de notarios —que también los hay—, las dificultades pululan desde todos los actores.
En Montes de María, zona emblemática por la intensidad con que se ha vivido el conflicto, el congresista Iván Cepeda ha denunciado sospechosas concentraciones de tierras en manos de unos pocos apoderados —algo, por lo demás, también corroborado por estudios de la Superintendencia de Notariado y Registro—, que, como lo denunció La Silla Vacía, se han pretendido ocultar tras figuras fiduciarias. Por su parte, en el notariado de San Jacinto, la lista de irregularidades que ha salido a la luz no es corta, aunque el notario, Alberto Vásquez, desvirtúe las acusaciones en su contra.
Pero irregularidades se encuentran también en las declaraciones de los campesinos, y muchas más, en el accionar de los llamados intermediarios. En el caso de los Montes de María, por ejemplo, se filtró una lista de los deudores del entonces Banco Agrario, hoy administrados por Covinoc. Intermediarios, o mejor, especuladores, terminaron rastreando a los titulares de la deuda y ofreciendo su pago a cambio de la propiedad. Entre el miedo y la amenaza, muchos campesinos, como era de esperarse, vendieron. Otros, sin embargo, vendieron no por chantajes, sino por ofertas que en su momento les parecieron tentadoras. Pero hoy, ante la valorización de sus antiguos predios, cuyo precio se ha multiplicado por 20 en los últimos años, se presentan como desplazados para recuperarlas y venderlas, ahora sí, a un mejor precio. También se han dado situaciones en las que los campesinos llegan como desplazados por la violencia, cuando en realidad salieron de sus tierras tras sequías o inundaciones.
Este último caso es uno de los más comunes. Muy hábilmente, la cartera de Agricultura, junto con el proyecto de restitución —diferente al de devolución que ha tomado lugar, en el marco del proceso de Justicia y Paz tras las declaraciones de paramilitares, como aquel de chibolo (Magdalena)—, ha puesto en marcha una gran iniciativa paralela de formalización. Con ésta se busca titular los predios que fueron abandonados, independientemente del motivo, y que hoy se encuentran libres. Adicionalmente a la formalización, y con miras a lograr que la restitución sea verdaderamente transformadora, el Ministerio también ha ideado programas de desarrollo rural con el fin de que el derecho de los propietarios no sólo se reconozca, sino se mejore.
Sin duda, las intenciones son las mejores, pero la tarea, en un país que sólo hasta hace un par de años comenzó a titular sus propios baldíos, es monumental. Son menos que más los lugares que están debidamente registrados. Y hay municipios en los que se presentan situaciones tan absurdas como que las Farc fueran la emisora de títulos de propiedad. Para complicar el panorama, hay en el tiempo dos y hasta tres legítimos propietarios sobre el mismo predio y, muchas veces, el primero en el tiempo y, por tanto, primero en el derecho, no fue un campesino sino algún viejo hacendado. Aunque la ley rige desde 1991, los casos complicados son la regla, no la excepción. La estructura administrativa de la cartera, al igual que los jueces encargados de dirimir en los casos, tendrán el reto más difícil. Y, en tanto tienen el poder, también la mayor amenaza. Es labor del Gobierno asegurar los 351 municipios priorizados antes de cualquier restitución. A la lista de líderes muertos, no necesitamos sumarle funcionarios.
EL TABÚ DE LA LEGALIZACIÓN
Por: Klaus Ziegler
Las políticas prohibicionistas sustentadas en la criminalización del consumo de drogas han sido un rotundo fracaso. Como la mosca que se golpea una y otra vez contra el cristal de la ventana sin lograr atravesarlo, los sectores más conservadores insisten en continuar con una estrategia que ha resultado desastrosa en lo político y en lo social, donde el único favorecido ha sido el crimen organizado.
Aquellos que se oponen a la legalización de las drogas usualmente lo hacen acudiendo a principios morales. Con frecuencia se escucha decir que legitimarlas significa doblegarse ante el crimen, estar del lado del terrorismo, o fomentar la corrupción en la juventud. Para estos reaccionarios el problema solo puede resolverse aumentando la represión y castigando al adicto. Poco importa el dictamen de instituciones científicas de prestigio, como la Organización Mundial de la Salud, o la Asociación Americana de Psiquiatría, pues hay un convencimiento de que el drogadicto es solo un sinvergüenza fuera de control. Sin embargo, los conocimientos que hoy se tienen sobre las bases biológicas de la adicción permiten concluir que la drogadicción no es un problema de individuos irresponsables o degenerados. Se ha demostrado que la exposición a las drogas psicoactivas provoca cambios en los receptores de dopamina, serotonina, endorfinas y noradrenalina, lo cual se traduce en una necesidad compulsiva por consumir más droga, un comportamiento que algunos, por ignorancia, confunden con falta de voluntad para dejar el “vicio”.
Entre los legados nefastos del pasado gobierno se cuenta una iniciativa que pretende reformar la Constitución para prohibir la dosis mínima, una ley de corte moralista que, como era de esperarse, cuenta con la aprobación de retrógrados como el procurador Ordóñez, y que además de ingenua es inhumana, al confundir la víctima con el victimario. Semejante norma sería por lo demás contraria a la Carta Política, pues, en rigor, los drogadictos son enfermos psicofisiológicos, y “el estado no puede sancionar con pena o medida de seguridad el derecho inalienable de las personas a estar psicofisiológicamente enfermas por cualquier causa, inclusive drogadicción o toxicomanía".
Es indiscutible que la prohibición no ha disminuido el número de consumi¬dores, ni tampoco ha mermado la producción. Latinoamérica sigue siendo el mayor exportador mundial de cocaína, y van en camino de convertirse en el mayor proveedor de opio y heroína. El endurecimiento de las penas no ha logrado disminuir en lo más mínimo, ni la distribución de la droga ni su consumo. Un informe de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia muestra que en Estados Unidos, el país con las leyes más drásticas, hay cuatro veces más drogadictos que en toda Europa, y alrededor de medio millón de presos por delitos asociados con estupefacientes, más que en todo el resto del mundo.
En el caso colombiano, el problema adquiere dimensiones de verdadera catástrofe, ante una fuerza que ha destrozado el tejido social y provee el combustible que anima el conflicto interno. Es hora de reconocer que las políticas prohibicionistas no detienen el mercado de narcóticos, simplemente lo sumergen dentro de la ilegalidad. Un negocio que representa el 8% del comercio mundial tiene la capacidad de subvertir cualquier institución, y resulta imposible de controlar.
Con frecuencia se escucha el argumento de que la legalización dispararía el número de adictos de la noche a la mañana. ¿Qué evidencia existe al respecto? En 2001, Portugal despenalizó la tenencia y consumo de todo tipo de droga. Sin embargo, el consumo de drogas descendió 4% en la población entre trece y quince años, y 6% entre jóvenes de dieciséis a dieciocho años. El porcentaje de consumidores de heroína cayó verticalmente, del 2.5% al 1.8%, así como los contagios de VIH por vía intravenosa. Otro hecho relevante: el número de condenas por narcotráfico descendió 30%.
Holanda es otro ejemplo donde la tolerancia hacia las “drogas blandas” ha disminuido el número de adictos a porcentajes drásticamente menores que los registrados en España, Francia o Inglaterra. Hay quienes pretenden demeritar el experimento holandés alegando que una actitud laxa ante la marihuana y el hachís solo ha logrado incrementar el número de consumidores. No se menciona que este hecho corresponde al llamado “turismo de drogas”, un fenómeno debido a la prohibición en el resto de Europa. El experimento en los Países Bajos contradice además la creencia infundada de que la legalización aumenta las tasas de delincuencia, violencia y detrimento social.
Un proceso de legalización racional no supone el expendio de drogas narcotizantes o psicotrópicas en supermercados y tiendas, sin restricción alguna, como sí ocurre con el alcohol y el tabaco, de lejos las drogas más nocivas. Por el contrario, estas se suministrarían bajo un estricto protocolo. La regulación se complementaría con ayudas médicas y psiquiátricas para recuperación del adicto, así como campañas educativas disuasorias del consumo, las cuales han probado ser sumamente efectivas en la lucha contra las grandes tabacaleras y su negocio infame.
Aunque existe poca evidencia empírica, todo sugiere que la despenalización de la droga podría funcionar. El experimento debería iniciarse en los países industrializados, donde reside el grueso de los consumidores. Como quien ensaya un nuevo tratamiento, habría que empezar con “pequeñas dosis de tolerancia” e ir observando lo que suceda. Cualquier iniciativa racional debe comenzar por romper el tabú de la legalización, una postura que no consiente estrategias diferentes de las tradicionales prácticas represivas, moralistas e hipócritas, que han demostrado ser funestas para la sociedad.
REFORMA TRIBUTARIA NO FISCALISTA
Por: Andrés Escobar
Hace algunos meses el Gobierno anunció que nos espera otra reforma tributaria.
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Será presentada al Congreso en el segundo semestre del año. Junto con la ley que reglamenta el acto legislativo de regalías, será el plato fuerte en materia de reforma a las finanzas públicas en lo que queda del año.
La filosofía detrás de la reforma promete no repetir el enfoque fiscalista detrás de los numerosos cambios que ha sufrido el Estatuto Tributario durante los últimos 20 años. El Ministerio de Hacienda habla de una reforma más ‘amigable’ con los negocios, no de una que persiga aumentar el recaudo como propósito principal. El Gobierno, dice el Ministerio, ya recibe un recaudo mayor al esperado, gracias a la tributaria que se aprobó el año pasado. Además, en los próximos años habrá cuantiosos ingresos para el fisco nacional, derivados de la explotación de recursos naturales. La buena coyuntura daría incluso para pensar que en el proyecto de reforma se proponga al Congreso reducir la tasa de impuesto de renta.
A pesar del novedoso enfoque del proyecto del Gobierno, ojalá no se deje de lado la solución a problemas estructurales del sistema tributario colombiano. Así suene exagerado para algunos, tenemos un nivel de tributación bajo; es decir, destinamos una porción relativamente baja de nuestro ingreso como país para el pago de impuestos.
Por otra parte, hay una tarea pendiente de ampliar bases, esto es, de aumentar los sujetos y las transacciones gravadas. Finalmente, el impuesto al patrimonio no podrá mantenerse indefinidamente y el cuatro por mil será eventualmente eliminado, así que habrá faltantes de impuestos en el futuro.
Debemos movernos hacia un sistema tributario en el que, como dijo recientemente el director de la DIAN, paguemos lo que dice la ley, porque se trata de una ley razonable y también porque habrá penalidades creíbles para evasores de todos los pelambres. Pero, por otra parte, nuestro sistema tributario deberá generar recaudos consistentemente más elevados a los actuales. Las cuentas que hagamos deben considerar la posibilidad de que el futuro petrolero que nos espera no sea tan promisorio y que, a fin de cuentas, dependemos de nuestra propia capacidad de generar recursos.
LA CONSTITUCIÓN DE 1991: ¿NEOLIBERAL?
Por: Rodolfo Arango
En el cumpleaños de la constitución, algunos comentaristas la acusan de "neoliberal".
Se afirma que entroniza la iniciativa privada, la libertad de mercado y el ánimo de lucro como bienes supremos de la vida social, mientras priva al Estado de los instrumentos de intervención económica. Según los críticos, la veinteañera Constitución entrega la riqueza nacional al capitalismo voraz y a los organismos internacionales de crédito, traicionando los ampulosos derechos garantizados en el mismo texto fundamental. Nada más alejado de la realidad. Estos juicios adversos a la Constitución ideologizan el debate sobre su significado. Además, opacan la responsabilidad política que le cabe a cierta izquierda democrática en el desarrollo legislativo que ha tenido la Carta Política del 91. Es la ausencia de mayorías de izquierda en el Congreso lo que ha facilitado la adopción legal de un modelo económico neoliberal. El pragmatismo y la ineptitud de la AD-M19 (que tuvo una buena representación política a principios de los 90 y luego la dilapidó) impidieron que las leyes en materia de crédito, trabajo, uso del suelo o explotación de recursos naturales fueran favorables al grueso de la población. De no haber existido la Corte Constitucional, muchos más habrían sido los goles del capitalismo salvaje.
La Constitución de 1991 es neutral respecto del modelo económico. Ella no es neoliberal ni socialista. El legislador puede adoptar un modelo económico u otro en ejercicio del amplio marco de configuración normativa que goza en la materia. No obstante, los fines del modelo económico están fijados por el propio Constituyente. Éste erigió a Colombia en un Estado constitucional, democrático y social de derecho. Esta fórmula política fundamental busca la realización plena de todos los derechos fundamentales, incluidos los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales.
Que en los primeros 20 años el Ejecutivo y el Legislativo hayan optado por un modelo neoliberal, con desastrosos efectos sobre la pobreza y la equidad, no es atribuible a la Constitución. Un presidente y un congreso de izquierda podrían adoptar un modelo social demócrata o de socialismo democrático que interviniera masivamente sectores productivos estratégicos, el mercado laboral o la prestación de servicios públicos, sin que los dictados constitucionales lo impidan. Fácil es endilgarle a un texto normativo la propia incompetencia para captar las mayorías y dirigir el desarrollo legislativo hacia las metas deseadas.
El gobierno de Andrés Pastrana, del cual fueron ministros de Hacienda el actual presidente de la República y su hoy ministro de Agricultura, fue el que modificó en 1999 la Constitución para prohibir la expropiación, sin indemnización, por razones de equidad. Otro tanto han hecho ahora Santos y Restrepo con la reforma constitucional sobre sostenibilidad fiscal. En esta ocasión el Gobierno pretende instaurar un “Estado Fiscal”, pasando por encima de la fórmula política del Estado constitucional, democrático y social de derecho. La introducción de un atípico “incidente fiscal” hace saltar por los aires los principios de independencia judicial y de separación de poderes. Se pretende así, mediante la intervención del procurador o de cualquier ministro del despacho, “aconductar” a magistrados y jueces, de forma que éstos obedezcan a los dictados económicos y no a la justicia. Un caso célebre para la historia universal de los “dislates jurídicos”.
EL NUEVO SIGLO
UNA CONSTITUCIÓN BUENA
Durante el actual aniversario de los 20 años de la Constitución infinidad han sido los artículos. En general, los constituyentes han hecho su trabajo de defender las nuevas instituciones y muchos columnistas han señalado más falencias que virtudes. En ese escenario más bien se han producido listados de las figuras constitucionales, pero faltó un genérico sustancial: la confianza en el futuro.
Es obvio que una Constitución cuyo desarrollo se vio de inmediato enlodado por el auge del narcotráfico, el espiral del narcoterrorismo, el apogeo de la parapolítica, el ataque sistemático de la subversión y el enquistamiento de la corrupción, no encontró las aguas más favorables para su desempeño. Pero aún así, es un hecho claro y categórico que la Constitución de 1991, durante el lapso, ha servido para gobernar y sacar avante el sistema democrático en medio de su crisis recurrente.
No hay duda, desde luego, que la Constitución no es intangible. Igualmente, sin embargo, ha servido para generar una manera de ser colombiana, fruto de los altibajos que ha debido sufrir el país. En medio de ello, a su vez, es menester constatar que ha existido una mayor apertura política, un crecimiento económico paulatino y la construcción de un país que no se vislumbraba hacia décadas. El problema, claro está, es que todo ello se ha fraguado en medio de la inestabilidad.
Por eso hoy la ambición más grande de los colombianos es buscar los mecanismos de estabilización del país. Es demasiado desgastante lo que ha sufrido Colombia, con la depredación y vapuleo al que ha sido sometida y por eso es bueno que por lo menos en una sola oportunidad se busque la serenidad, acicate del progreso social y el afianzamiento de las identidades.
El hecho claro y perentorio es que parece haber una satisfacción general del pueblo con su Constitución. Si bien las normativas institucionales sólo suelen ser palabras para los expertos, la verdad es que la población en general, desaprensiva de estos fenómenos, tampoco ha salido a protestar o pedir cambios generalizados en las leyes fundamentales. Por el contrario, la asimilación de bondades como la acción de tutela y la incorporación de los derechos fundamentales han servido para apropiar la ley como instrumento esencial del devenir cotidiano.
No ha estado, ciertamente, Colombia acostumbrada a la serenidad. Por el contrario, su historia es la demostración de confrontaciones continuas, muchas veces armadas, pero igualmente está una perspectiva más adecuada, cuando se compara con América Latina, según la cual logró en menor tiempo que muchos otros países la unidad nacional, lo mismo que un andamiaje institucional efectivo. De allí que la Constitución de 1886 siga siendo ese baluarte histórico que le permitió al país trascender institucionalmente por sobre sus vecinos y catalogarse, desde la misma fundación republicana, como una de las democracias más antiguas del continente y el mundo.
Ya con 20 años de presentarse en el escenario, bajo la fórmula del consenso, la Constitución de 1991 tiene una vocación de futuro evidente. Habrá, desde luego, que desbrozarla de entidades inocuas como la Comisión Nacional de Televisión, pero en su estructura sigue siendo un tejido constitucional que permite gobernar bien.
Tocan ahora tareas ingentes en procura de superar la pobreza y fortalecer las entidades territoriales para modificar los desbalances entre las regiones. Colombia nunca fue un país rico, pese a que se hablara de sus fenomenales recursos. Sólo hasta muy recientemente se ha venido a inaugurar esta era en la que el país aparece en los listados mundiales como una de las naciones a tener en cuenta por su desarrollo y posibilidad económica. Para seguir esa ruta hay que hacer un gran esfuerzo en la superación de la pobreza, la profundización en la cultura, la inserción en la tecnología y el liderazgo en la región. Todo ello es posible con la Constitución actual. De manera que hay que pasar de las leyes a la acción.
HAY QUE DAR TIEMPO A COMISIÓN PARA EQUIDAD DE LA MUJER: DÍAZ
La Parlamentaria del Movimiento Mira dijo que también es necesario que minorías como la comunidad afro tengan una ley de cuotas
Hay varias comisiones como la de Ordenamiento Territorial y la de Acusación de la Cámara que en la práctica han demostrado que no tienen los dientes para cumplir los objetivos que inspiraron su creación por el Congreso.
La última célula legislativa que se vio nacer fue la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, sobre la cual hay grandes expectativas, pero también reservas de quienes consideran que no pasará de ser una buen intención más.
EL NUEVO SIGLO: ¿La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer no será un saludo a la bandera como otras células legislativas?
GLORIA STELLA DÍAZ: Es una Comisión que acaba de nacer, fue instalada el 5 de mayo de este año, me parece que es ligera la apreciación como quiera que en tan solo el mes y medio que funcionamos se lograron sacar adelante cosas importantes. Creo que hay que permitirle a las comisiones, sobre todo a este tipo de células legislativas que nacen, ver el desarrollo que van a tener pues un mes y medio no es tiempo suficiente para hacer este tipo de apreciaciones.
ENS: ¿Ya se han trazado metas en esta Comisión en cuanto a iniciativas para la legislatura que está por comenzar?
GSD: Bueno, la que acaba de terminar, en la agenda uno de los temas fundamentales fue la Ley de Víctimas y cómo iba a quedar el papel de la mujer, y logramos cosas importantes; también en el tema de la contrarreforma política logramos a través de la Comisión ponernos de acuerdo en la forma como íbamos a enfrentar el tema en la plenaria de la Cámara de Representantes, y logramos por la presión que se ejerció que se hundiera.
Para la legislatura que viene hay que iniciar nuevamente por nombrar mesa directiva, pues cambia, pero también en la parte temática tenemos que empezar a buscar la cooperación internacional y un intercambio parlamentario para seguir hablando de las políticas públicas que Colombia tiene que adoptar, y el tema de inequidad y desigualdad.
Yo considero que está todo por hacer, por eso pienso que la afirmación de que nace muerta todavía no se podría hacer si no nos dan la posibilidad de mostrarnos a las 19 mujeres que hacemos parte.
ENS: ¿Cómo es eso que al ritmo que avanza la normatividad para garantizar la equidad de género en las listas a cargos de elección, se necesitaría más de un siglo para una paridad?
GSD: Sí eso es producto de unos análisis que han hecho Unifem y el Instituto Nacional Demócrata, que está demostrado que si Colombia sigue creciendo en el porcentaje que lo viene haciendo actualmente para darle participación a la mujer, en 135 años lograríamos la participación del 40% en las curules de la Cámara de Representantes y en 45 años lograríamos en las asambleas departamentales una representación del 43%. Eso lo único que demuestra es que se tienen que tomar acciones afirmativas y leyes que sí obliguen a los partidos a que tengan en cuenta a las mujeres a la hora de confeccionar las listas para los cargos de elección popular.
Población afro
Si bien la Reforma Política establece algunas garantías para la participación de las mujeres, no es tan garantista en lo que respecta a poblaciones como los afro. En ese sentido la parlamentaria Díaz dijo que “lastimosamente en la Reforma Política no consideramos otros grupos vulnerables porque así como logramos la inclusión y la participación de las mujeres de forma obligatoria, logramos tener una financiación del 5 por ciento de los recursos que el Estado le da a los partidos para su funcionamiento, en el tema de etnias y de afros quedó muy general. Tenemos que empezar a trabajar por eso para que exista también una ley de cuotas para los afros, para que exista también por parte de los partidos financiación y que sea representativa la labor que se hace por parte de estas comunidades en el Congreso de la República.
GOBIERNO RENDIRÁ CUENTAS POR FALLAS EN SALUD
Seguimiento a tutela que ordena, entre otros aspectos, unificar los regímenes contributivo y subsidiado.
Una explicación detallada de las dificultades que ha tenido para hacer realidad la precisión, actualización, unificación y acceso a los planes de beneficios en el sector salud, ordenado en la sentencia T-760 de 2008, deberá dar el Gobierno hoy en una audiencia pública citada por la Corte Constitucional.
En dicha tutela, el alto Tribunal hizo evidente la problemática que aqueja al sistema de salud en Colombia, producto del volumen de las acciones de tutela que se venían presentando, el cual fue catalogado como recurrente y de orden estructural, ocasionado por fallas de regulación, por lo que se creó una subcomisión, integrada por tres magistrados, para hacerle seguimiento a lo ordenado en la sentencia.
Sin embargo, a casi tres años de haberse proferido dicha tutela, la alta Corte encontró que “las actuaciones que se han desarrollado por los órganos responsables de su cumplimiento no resultan suficientes para superar en toda su dimensión los obstáculos que llevaron a proferir la decisión”.
Específicamente, la Corte había ordenado que los contenidos de los planes de beneficios sean precisados de manera clara, actualizados integralmente, unificados para los regímenes contributivo y subsidiado, y oportuna y efectivamente suministrados por las EPS.
De igual manera, una actualización integral de los Planes Obligatorios de Salud; garantía de una participación directa y efectiva de la comunidad médica y de usuarios; revisión integral que: defina claramente los servicios incluidos valorando los criterios de ley y la jurisprudencia constitucional. Así mismo, la alta Corte ordenó la presentación de un informe anual indicando qué se incluyó, qué no se incluyó de lo solicitado por la comunidad médica y los usuarios, cuáles fueron agregados o suprimidos. También, la adopción de un programa y cronograma para la unificación gradual y sostenible de los planes de beneficios de los regímenes contributivo y subsidiado.
Hoy durante la audiencia, donde fueron invitados el Procurador General y el Defensor del Pueblo, entre otros, los ministros de Protección Social, Mauricio Santamaría y de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, deberán responder los siguientes interrogantes:
¿Qué tipo de obstáculos identifica en la actualidad y a qué factores encuentra que obedecen los mismos, que no permiten superar cabalmente la actualización y unificación de los planes de beneficios?
¿Qué tipo de medidas correctivas ha adoptado y estima adoptar para superar definitivamente las dificultades que motivaron las órdenes proferidas en la sentencia citada?
¿Cuáles son los criterios que está aplicando para mantener excluido del POS lo que está siendo recobrado por el no POS?
¿Cuáles considera que deben ser las metas y el cronograma para alcanzar la unificación gradual y sostenible de los planes de beneficios?
¿Qué necesidades tiene desde el punto de vista de fortalecimiento institucional y cómo ha avanzado en estos tres años para dar cumplimiento estricto a las órdenes generales que ocupan la atención de esta audiencia?
¿Considera usted indispensable el rediseño del sistema de salud en Colombia y cuál ha sido su gestión en orden a superar definitivamente las deficiencias de regulación y control?
Reforma al sector
En la legislatura pasada, el Congreso aprobó una reforma a la salud, la ley 1438 de 2011, la cual garantiza que a partir del 2013, todas las personas podrán ser atendidas a lo largo y ancho del país, sólo presentando el documento de identidad, sin importar el lugar de origen.
Al respecto, la Corte Constitucional, ha dicho que “no desconoce la regulación que se ha expedido hasta este momento”. Reconoce que en la actualidad la problemática de la salud hace parte de la agenda gubernamental y legislativa, como lo muestra la expedición reciente de las leyes, entre las que resalta la 1438 de 2011 (reforma el sistema general de seguridad social en salud), además del trámite que se surte en el Congreso del proyecto de ley estatutaria 186/10 Senado y 131/10 Cámara (acumulado con los proyectos 189 y 198 de 2010), entre otras regulaciones.
GOBIERNO ALERTA POR LEY DE GARANTÍAS
Teniendo en cuenta que desde el jueves anterior entró en vigor la Ley de Garantías Electorales, el Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas, insistió a gobernadores, alcaldes y demás funcionarios departamentales y municipales en la prohibición expresa que contempla esta norma para realizar convenios interadministrativos, inaugurar obras o hacer eventos que puedan interpretarse como actos proselitistas a favor de determinados candidatos.
Mediante Circular Externa No. CIR11-75-GEL-0213, insiste en que a partir del 30 de junio no pueden celebrar la ejecución de recursos públicos, dando así cumplimiento a la Ley 996 de 2005 ó Ley de Garantías Electorales.
Esta normatividad también establece que tienen prohibido destinar recursos públicos de las entidades a su cargo o de aquellas entidades en las que participen como miembros de juntas directivas para reuniones proselitistas en las que participen candidatos a cargos de elección popular o voceros de los candidatos; inaugurar obras públicas o dar inicio a programas sociales en reuniones en las que participen candidatos o sus voceros; así como modificar la nómina del ente territorial durante los cuatros meses previos, salvo provisión de cargos por faltas definitivas o aplicación de normas de carrera administrativa.
Así mismo no podrán autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas o para facilitar alojamiento o transporte de electores de candidatos a cargos de elección popular.
En la Circular Externa, el alto funcionario recordó a las diferentes autoridades encargadas de administrar las ayudas o auxilios destinados por el Gobierno Nacional para mitigar las consecuencias del invierno, el deber que les asiste de hacerlas efectivas con total transparencia, cumpliendo a cabalidad las directrices establecidas por el Ejecutivo.
Se les solicitó además atender los criterios impartidos por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para que ejerzan el control disciplinario y fiscal correspondiente, con el propósito de blindar los próximos comicios y evitar así la indebida utilización de los recursos públicos.
Además de a los gobernadores y alcaldes, estas prohibiciones taxativas cobijan también a secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital.
CARACOL RADIO
GOBIERNO RECONOCE DÉFICIT EN EL SECTOR SALUD
Ministerio de Hacienda reportó ante la Corte que los recursos de la salud han aumentado, pero hay déficit.
El viceministro de Hacienda, Bruce Mc Master, en la rendición de cuentas, le dijo a la Corte Constitucional que los recursos de la salud han aumentado desde el 2006, pero admite que hay problema para la vigilancia y un déficit del régimen contributivo 1.5 billones de pesos.
El funcionario dijo que el Gobierno, en materia presupuestal, para el 2015 espera que los recursos para la salud aumenten en 10.8 billones de pesos.
Hay una debilidad histórica en la vigilancia de los recursos de la salud: Superintendente
Ante la Corte Constitucional, el superintendente de Salud, Conrado Gómez, dijo que parte del problema de salud se debe a la falla de la vigilancia de los recursos del sector.
Ante esta situación, planteó una transformación institucional para cumplir con la inspección de los recursos de la salud, para evitar los problemas que en la actualidad se viven.
Dijo que parte del problema de corrupción es que el dinero de la salud tiene muchos pasos, lo que lo hace ineficiente y proclive a la corrupción, como en el caso de los recobros.
Manifestó que Colombia requiere una verdadera política de investigación científica para darle soporte a la ampliación del Plan Obligatorio de Salud.
LA SALUD NO PUEDE DEPENDER EXCLUSIVAMENTE DEL PROVECHO ECONÓMICO: CORTE CONSTITUCIONAL
Durante la instalación de la audiencia de rendición de cuentas en la Corte Constitucional sobre las fallas en la prestación del servicio de salud, el magistrado Jorge Iván Palacio, hizo severas críticas a las entidades encargadas de garantizar este derecho.
"Debe indicarse que el concepto de eficiencia económica en la prestación de servicio de salud, como lo ha sostenido esta corporación (Corte Constitucional) no puede depender exclusivamente de criterios de provecho económico o de simple utilidad", sostuvo el magistrado Palacio.
El funcionario agregó que además de la legitimidad de las políticas en salud, debe acompañarse de políticas públicas transparentes.
"Debe precisarse que la función de los órganos judiciales no es la de suplantar las atribuciones constitucionalmente asignadas a las demás ramas del poder público", puntualizó.
A su turno el ministro de Protección Social, Mauricio Santamaría, argumentó que se están haciendo varias reformas para mejorar el servicio y que se han disminuido los polemices recobros de 220 mil millones a 170 mil.
Dijo que a la reorientación de la operaciones de las EPS no se le ha dado la importancia requerida". Igualmente se refirió a la Ley 1438, para la promoción y cobertura del servicio de salud.
Anuncio que se destinará 1 billón de pesos al sistema de salud, con el fin de sanear las deudas que se tienen actualmente y garantizar que haya un acceso equitativo con vigilancia para evitar los excesos de los prestadores.
"SE DEBEN BUSCAR RECURSOS PARA LOS SERVICIOS NO MÉDICOS": ACEMI
La vocera de la Asociación de Empresas de Medicina Integral, Acemi, Nelcy Paredes Cubillos, dijo que se deben buscar recursos para los servicios no médicos que no estén incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, POS, y que deben beneficiar a las clases menos favorecidas.
"Un POS ampliado, esa es la primera solución. Tampoco sabemos cómo financiar servicios no médicos dentro del POS como pañales, alojamiento, transporte, todos esos son servicios no médicos que no están definidos en el POS. Busquemos recursos de otras fuentes de financiación dirigidos a la población más pobre, del sistema de protección social, de bienestar familiar. Esas ayudas deberían estar dirigidas a la población más pobre", indicó.
También propuso que se debe diseñar una estrategia de atención en el POS que le exija a la EPS cuál es la red de referencia para el paciente cuando necesite medicina especializada.
"Quiero destacar que de estas propuestas, en el régimen subsidiado la responsabilidad de lo no POS es de la entidad territorial, que debe publicar una serie de servicios. No inventemos más comités", puntualizó.
FISCALÍA INVESTIGA RECOBROS AL SECTOR SALUD MEDIANTE 'FALSAS TUTELAS’
Tras recibir un informe de la Dijin, la vicefiscalía abrió un nuevo frente de investigación por este escándalo de la defraudación al sector salud.
Esta vez, las autoridades descubrieron que las EPS o IPS presentaron tutelas falsas, que no fueron expedidas por juzgados, para solicitar al Ministerio de Protección Social los recobros respectivos; en otros casos las tutelas tienen fecha de haber sido ejecutoriadas antes de que fueran expedidas; y en otros se ordena el mismo millonario tratamiento por enfermedades distintas sin una justificación clara.
Aunque ya hay cinco personas capturadas por el llamado 'cartel de la salud' por otro tipo de irregularidades en el tema de los recobros, esta sería la primera vez que se buscarían establecer responsabilidades para llamar a interrogatorios e imputación de cargos a representantes de EPS, clínicas y hospitales.
EL PRIMERO DE AGOSTO COMENZARÁ A FUNCIONAR LA EPS DISTRITAL EN BOGOTÁ
Con más de 450 mil afiliados comenzará a operar la EPS subsidiada distrital ‘Capital Salud’ que pone al servicio de sus usuarios la red pública de Bogotá, es decir 22 hospitales, 174 puntos de atención, la red de servicios de Salud Total y el beneficio de programas del Distrito como ‘Salud a su Casa’, ‘Salud al Colegio’ y ‘Gratuidad en Salud’.
El próximo 6 de agosto la Administración Distrital entregará oficialmente la EPS Capital Salud como regalo a Bogotá en el aniversario de su fundación.
Herman Redondo Gómez, director de desarrollo de servicios de la Secretaría Distrital de Salud, explicó que luego de que la Superintendencia Nacional de Salud, aprobara la fusión entre Salud Total EPS régimen subsidiado y Capital Salud, se inició un proceso de empalme que tomará todo julio, de tal forma que el primero de agosto ya este ‘Capital Salud’ plenamente funcionando.
El funcionario señaló que de los 450 mil afiliados, 350 mil están en Bogotá y los otros están en el Meta.
“El beneficio fundamental es que nosotros le vamos a ofrecer la red pública de servicios de Bogotá y adicionalmente los puntos de atención que tiene Salud Total, como es el policlínico del Olaya y el Virrey Solís, es decir que van a tener una vasta red de servicios, de tal forma que las personas tengan mejor acceso y mayor oportunidad a los servicios de salud”, sostuvo.
El director de desarrollo de servicios explicó que la diferencia de la ‘Nueva EPS’ conformada por Cajas de Compensación Familiar y el Estado, es que el sector privado tiene una participación mayoritaria del 51%, contrario a lo que sucede con la EPS ‘Capital Salud’, que tiene el 51% y Salud Total el 49%. “Es una alianza novedosa, estratégica e importante porque el sector privado aporta la experiencia y eficiencia administrativa y el estado aporta la proyección y la rentabilidad social
CMI
EL 75 % DE LAS TUTELAS SON SOBRE SALUD
Mensualmente 40.000 tutelas instauran los colombianos. De estas, el 70 % corresponden solo a salud, y estás a su vez son en la mayoría de los casos por medicamentos, insumos, o procedimientos que están el POS.
“Después de 20 años de promulgada la constitución, la Corte habla de 3 millones y medio de tutelas y el 75 % corresponde a salud. Esto evidencia que el Estado es inoperante porque no deberían los usuarios acudir a instancias judiciales, cuando este es un derecho de salud pública”, dijo Gustavo Campillo, director de la mesa Nacional de cáncer.
La Comisión de seguimiento de la sentencia T-760 considera que esto se debe a un problema estructural, donde la intermediación de las EPS, de los que comercializan insumos y medicamentos, encareció la atención para los usuarios
“El sistema llegó a su límite, no está garantizando el derecho que existe por Constitución”, señaló Mario Hernández, miembro de dicha comisión.
Finalmente, consideran que el Estado no va a superar las pruebas de los ordenamientos que la Corte Constitucional dio a través de la sentencia T-760 y la cual será evaluada mañana.